La responsabilidad de los profesionales de la salud en el ejercicio de sus tareas específicas, es un tema que concierne a todos los actores que participan del proceso de asistencia, rehabilitación y prevención de problemas de salud. En particular concierne aunque con diferentes grados, a la sociedad en su conjunto.
Si bien la responsabilidad profesional está íntimamente vinculada a la seguridad de la comunidad, de los pacientes y profesionales, particularmente; se ha transformado en un negocio, con el que se lucra, y mucho.
La responsabilidad profesional es una cuestión de salud pública, que no puede ser ignorada por los que tienen a su cargo la elaboración de políticas sanitarias ya que se trata de un complejo cuadro de interrelaciones íntimas que supone la relación comunidad / paciente / profesional / institución.
Hoy en día el tema de la responsabilidad de los profesionales e instituciones de la salud debe ser inseparable del tema del daño evitable en la asistencia médica. No es posible el análisis que me propongo -de otra manera, caería en simpleza o ligereza- sin plantear características que hacen a la práctica actual de la medicina.
No cabe duda que es responsabilidad de los profesionales e instituciones poner conocimiento, empeño, medios y actitud para lograr los mejores niveles de atención de la población, pero son muchos los actores, variables e intereses que intervienen para el logro de tal objetivo.
Sería insuficiente el abordaje del tema, si nos moviera sólo la ‘persecución’ y ‘acoso’ judicial que pesa sobre personas, instituciones y patrimonios.
A los profesionales de la salud nos vienen ‘enseñado’ en cursos, seminarios, conferencias, escritos, etc., hasta el cansancio que la relación entre el paciente/profesional/institución es contractual; que la responsabilidad puede ser objetiva o subjetiva; que es una obligación de medios y no de resultados; que la carga de la prueba...; que la carga probatoria dinámica...; que la acción de la pretensión civil prescribe a los 10 años...; que el beneficio de litigar sin gastos...; que etc., etc. Todo ello podrá tener importancia al momento del reclamo pero carece de ella en la práctica diaria de la medicina, de aquellos actos capaces de generar responsabilidad. Está bien,
es suficiente. Conocer los detalles técnicos de cómo será analizada jurídicamente la responsabilidad por el ejercicio de la profesión, ha demostrado ser de escasa practicidad y utilidad al momento de plantearse acciones tendientes a resguardar la seguridad de los pacientes y la responsabilidad de profesionales e instituciones.
Por el principio de ‘rompe paga’ se pretende poner en cabeza de profesionales e instituciones sanitarios -como parece desprenderse de la legislación, doctrina, jurisprudencia y análisis sectoriales- toda la responsabilidad por las consecuencias derivadas de la atención de la salud.
Ello excede los límites de la justicia y la razonabilidad e implica un mecanismo por el cual se evaden corresponsabilidades sociales, jurídicas y políticas que involucra a todos, dejando totalmente de lado idear y ejecutar acciones destinadas a prevenir el daño evitable que hace a la seguridad de pacientes y profesionales.
Del mismo modo carece de razonabilidad y posibilidad de éxito, recetas -muchas veces apoyadas con entusiasmo por profesionales e instituciones sanitarios- tendientes sólo a limitar lo que se ha dado en llamar ‘litigiosidad indebida’. Sólo parches en una realidad agujereada.
Pretender que el grave problema que aqueja a profesionales e instituciones en la actual asimétrica e injusta atribución de responsabilidades se resolverá con maquillajes legislativos o ‘actualizaciones’ procesales (tiempo de prescripción de la acción, litigar sin gastos, etc.), implica ingenuidad y parcialidad en el abordaje del tema.
No cabe la menor duda que sería bienvenido el fin de la ‘litigiosidad indebida’ y más que saludables cambios en las causales capaces de inducirla o fomentarla. Pero, disminuir el tiempo de prescripción de la acción, limitar las posibilidades de litigar sin gastos, no permitirán mejorar la formación profesional de pre y postgrado, jerarquizar el trabajo médico, disminuir la precariedad laboral e institucional, entre otras cuestiones centrales, que ponen en riesgo - verdadero generador de responsabilidad- a profesionales y pacientes.
¿Puede plantearse, apelando a un mínimo de seriedad intelectual, que las soluciones propuestas contra la ‘litigiosidad indebida’, pueden evitar situaciones tales situaciones como…?
muerte, lesiones, complicaciones o secuelas catastróficas después de procedimientos de bajo riesgo (ej. amputaciones después de endovenosas, complicaciones y errores por indicación, expendio y/o administración de medicamentos);
• lesiones por incumplimiento del deber de cuidado (caídas de camas y camillas, escaras, quemaduras por instrumental);
• infecciones nosocomiales;
• falta de sistemáticas, guías, procedimientos, algoritmos y procesos de asistencia;
• errores de diagnóstico (anatomía patológica, laboratorio, HIV, imágenes);
• altas prematuras o sin debida constancia de las indicaciones ambulatorias;
• error en la identificación del paciente, de lado o de nivel quirúrgicos, oblitos.
¿Cómo se desarrolla la actividad asistencial en nuestro medio?
• Cambio constante de paradigmas sociales, jurídicos y éticos.
• Incremento de la conciencia social de que el daño debe ser reparado y compensado.
• Vertiginosos y continuos cambios técnicos, no siempre acompañados de las necesarias comprobaciones de eficacia, seguridad y análisis de costos/beneficio, que se ‘ofertan’ entre idóneos y legos como la panacea para la resolución de las más variadas situaciones de salud.
• Desafíos éticos por la aplicación de los nuevos conocimientos, sobre todo relacionados con el comienzo y el final de la vida humana.
• Tal cambio tecnológico –que no siempre implica una sustantiva mejora de calidad
prestacional- no está al alcance de vastos sectores sociales.
• Creciente sensación de supremacía de la técnica sobre la relación personal.
• Ineficacia de la interacción de los subsistemas, ausencia de adecuada planificación con evidente inequidad en la distribución de los recursos.
• Creciente demanda de autonomía de los pacientes en la toma de decisiones.
• Ausencia de estudios sistematizados sobre prevalencia, causas y prevención del error
profesional.
• Falta de interés e inversión en la prevención de eventos dañosos evitables por
instituciones asistenciales y de cobertura, públicas y privadas.
• Ausencia de instancias administrativas, no judiciales, que permitan el análisis del error, de la responsabilidad profesional y la reparación de daños.
• Surgimiento, en proceso de conformación y acomodamiento, de una nueva forma de
relación paciente/profesional/institución, diferente a toda otra observada en el pasado.
En particular el trabajo de los profesionales y de las instituciones de la salud se ve afectado por:
· continua precarización del trabajo profesional;
· multiempleo;
· insuficiente y deficiente capacitación de pre y postgrado;
· creciente judicialización de la asistencia médica;
· desprotección legislativa;
· rompimiento de la relación paciente/profesional, con violencia y desconfianza inusitadas y crecientes;
· hospitales y sanatorios colapsados;
· falta del tiempo necesario en la consulta médica;
· desvalorización de la actividad clínica frente a las especializaciones y la tecnología; · prevalencia en las instituciones del lucro y la ‘productividad’ sobre la calidad y la relación personal;
· incumplimiento de prestaciones a las que se obligan instituciones y financiadoras; derivaciones o falta de atención por razones 'administrativas'; rechazos de internaciones, prácticas o de determinados insumos;
· falta de camas;
· intermediación exagerada en la relación paciente/profesional;
· protagonismo inapropiado de administradores, gerenciadores y financiadores;
· ausencia de libre elección (clientela cautiva);
· insuficientes controles del estado y de las instituciones del sector salud;
· indiscriminada difusión masiva de los conocimientos científicos, que permiten suponer, erróneamente, que la evidencia científica eliminó la incertidumbre asistencial;
· cuestionamiento social de la jerarquía, el poder y la concentración del conocimiento en las relaciones entre profesionales y entre éstos y los pacientes y su familia;
· inadecuada confección y conservación de registros y documentos de la asistencia.
¿Qué deberíamos evitar?
Algunas de las reacciones -frecuentes e inconducentes- de los profesionales, individualmente o en conjunto, y de las instituciones asistenciales o representativas del sector son:
• victimizarse sin propuestas;
• formular protestas y presentar propuestas coyunturales que no van al fondo del complejo problema;
• dejar las soluciones en manos de otros profesionales, que enfatizan aspectos jurídicos o económicos y no la necesaria prevención del daño evitable;
• inexplicable y preocupante silencio acerca de la situación y falta de propuestas de muchas entidades científicas, académicas y gremiales médicas;
• negar u obstaculizar la revisión de la actuación profesional;
• ausencia de propuestas eficientes frente a la realidad de la existencia del daño evitable; en este sentido es de destacar la actuación de la Academia Nacional de Medicina donde reconocidos especialistas trabajan en el tema “error y seguridad del paciente” (se trata de una excepción del mencionado silencio sobre el tema observable en otras instituciones vinculadas con la salud);
• ausencia de respuesta ante la persona víctima de un daño evitable y sus familiares.
Es tiempo de:
• reconocer la situación actual de la asistencia sanitaria y del trabajo profesional y su
relación con la responsabilidad;
• divulgar y hacer conocer entre la población –nuestros pacientes- las verdaderas causas de esta situación;
• proponer medidas concretas que superen la precariedad en la que se desarrolla la
formación y el trabajo profesionales;
• estudiar y prevenir error y daño evitable que hace insegura la asistencia médica;
• fortalecer el vínculo y la relación comunidad/familia/paciente/profesional/institución;
• incrementar la seguridad en el ejercicio profesional para prevenir acciones judiciales
injustificadas;
• concientizar a profesionales médicos, de ciencias sociales, políticos, jueces, legisladores, gobernantes, dirigentes e instituciones, en la necesidad de prevención del error y daño evitable en la practica medica;
• invertir tiempo, trabajo y dinero en el tema;
• proponer instancias no judiciales de análisis del error y resolución de conflictos;
• fortalecer las organizaciones profesionales.
En síntesis
Aboguemos para que siempre el tratamiento de las cuestiones relacionadas con la responsabilidad profesional, lo sea en conjunto con aquéllas que hacen al objetivo primario de la actividad: el cuidado de la salud minimizando al máximo la producción de daños evitables en pacientes y trabajadores sanitarios.
Que así sea, de ahora en más, en todas las institucionesasistenciales públicas y privadas, en todas las academias y sociedades científicas y gremiales, en toda actividad docente, en toda conferencia, jornada, simposio o congreso.
Dr. Juan Carlos Ferrería